Con la marea
Puerto de Ribadeo.
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Aprobada la primera Ley de Puertos autonómica de Galicia

El Diario Oficial de Galicia publicó el 12 de diciembre la aprobación de la Ley de Puertos, la primera con carácter autonómico, que regirá la gestión de los 122 muelles dependientes de la Xunta. Entrará en vigor en un plazo de seis meses.

La nueva ley será de aplicación en el conjunto de los puertos dependientes de la Xunta de Galicia. Por la extensión y complejidad de su ámbito de aplicación, el texto ha sido consensuado por la Consellería del Mar con los principales representantes del sector marítimo y portuario así como con las administraciones e instituciones implicadas.

La nueva normativa mejora la oferta de servicios portuarios y agiliza la tramitación administrativa en todo lo relativo a los muelles que gestiona la Consellería del Mar a través de Portos de Galicia. El articulado del texto hace referencia a la reglamentación de todas las actividades que conviven en los muelles gallegos: profesional, náutico recreativa, comercial y de recreo o complementarios vinculados al litoral.

Con el objetivo de establecer un marco regulador organizativo y de colaboración que abarque todas estas actividades, la ley recoge aspectos relativos a la accesibilidad y adaptación constante de las infraestructuras y servicios, la relación de los puertos con la localidad y la intermodalidad entre vías de transporte, entre otros.

Entre los principales puntos de su contenido destaca también la promoción de la competitividad, la reactivación de la actividad económica y la apertura progresiva de los servicios portuarios a inversores. Entre el refuerzo de las garantías para los inversores, se contempla la ampliación del plazo de las concesiones, de 30 a 50 años, y la transparencia en el procedimiento de concesión.

En lo que respecta a la ordenación del suelo portuario, la nueva norma contempla la creación de planes especiales que recogen la planificación específica de cada muelle y la zonificación de las actividades que se desarrollan en él. Además, impulsa la coordinación con los ayuntamientos para dotar a los puertos de los instrumentos necesarios de planificación y ordenación.

Finalmente, la norma recoge la figura de los planes directores de infraestructuras, que planificarán la dotación de obras necesarias en cada caso en un horizonte temporal mínimo de 5 años.