La decisión de la Comisión Europea sobre Totales Admisibles de Capturas (TAC) y reparto de cuotas de pesca para el año 2018 en aguas del Atlántico y el mar del Norte ha suscitado, un año más, fuertes críticas de los profesionales de la mar, especialmente en el Cantábrico. En las cofradías de pescadores se habla de una «nueva estocada» a un sector en dificultades, especialmente bajura, cerco y artes menores, de reducción del tamaño de las embarcaciones que faenan, de pérdida de puestos de trabajo, e incluso, de desguaces.
La voz más crítica con lo decidido por Bruselas ha sido la de María Jesús Álvarez, consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias. «Esta reducción resultará muy perjudicial para la flota artesanal asturiana y afectará a la supervivencia económica de muchas familias y poblaciones dependientes de la pesca», ha advertido.
Ha recordado que este año la flota de artes menores de Asturias agotó las posibilidades de pesca de merluza en junio y la de caballa en ocho días, «por lo que asumir nuevas reducciones sitúa al sector ante un problema que no va a paliar el hecho de que se incremente la cuota de otras especies».
Ante esta situación, la consejera ha exigido al Ministerio «una mejor gestión de las posibilidades de pesca», que incluya una revisión de las cuotas de merluza de las que disponen artes como el arrastre, que no son capaces de consumir y que resultan fundamentales para volanderos, palangreros y artes menores, en lugar de limitarse como hasta ahora a una redistribución en el último trimestre del año, cuando no queda tiempo para aprovechar la cuota redistribuida.
Además, ha solicitado al Gobierno central una compensación económica para los afectados «por el daño que produce esta reducción de cupos».
La flota del Cantábrico-Noroeste se enfrenta el año que viene a un drástico recorte de la pesquería del verdel, que ve disminuido en un 20 por ciento el volumen de capturas permitido, y a un recorte del 12 por ciento en la cuota de merluza. Pescadores gallegos, asturianos, cántabros y vascos tendrán que repartirse, durante la costera del verdel, algo más de 30.000 toneladas frente a las 38.431 que capturaron en 2017. Y las embarcaciones españolas que se acerquen al Golfo de Vizcaya se tendrán que repartir entre todas las 5.924 toneladas de merluza permitidas por Bruselas.
Para el Gobierno de Cantabria, los recortes son «un duro golpe para el sector, ya que la flota cántabra es muy dependiente de las especies que han sufrido mayor recorte»
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no entiende la decisión de la Unión Europea cuando hay «una superabundancia» de verdel en el Cantábrico y ha lamentado una reducción de cuota que supone «un palo importante» para la flota pesquera de Cantabria. El verdel es una de las «tres patas sobre las que asienta el banco de la pesca cántabra», asegura.
Por su parte, la directora general de Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, Marta López, asegura que el acuerdo de Bruselas supone «un duro golpe para el sector, ya que la flota cántabra es muy dependiente de las especies que han sufrido mayor recorte». En la misma línea, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de Cantabria, Jesús Oria, se ha hecho eco de la «disconformidad» de los pescadores con los resultados de la negociación y asegura que la Consejería «hará todo lo que esté a su alcance» para que los efectos del nuevo reparto perjudiquen «de la menor forma posible» a la flota cántabra.
Junto a estas reducciones de cuotas, el acuerdo de Bruselas contempla un incremento de capturas de gallo del 20 por ciento, del 21 por ciento para el jurel y de un 15 por ciento para la raya. El rape mantiene la cuota actual de 3.296 toneladas.
Otras dos especies emblemáticas en el Cantábrico encaran 2018 con mejores perspectivas de capturas. La pesquería de la anchoa del Golfo de Vizcaya se mantiene; los pescadores del Cantábrico dispondrán de idéntica cuota que en 2017, 29.700 toneladas, lo que refleja la plena recuperación de este stock. Y las capturas de bonito del Norte aumentarán un 20 por ciento durante 2018, según el acuerdo al que se llegó en noviembre en Marrakech en la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT).
El sector pesquero denuncia la posición cada vez más radical del comisario europeo de pesca Karmenu Vella de tener en cuenta únicamente los criterios de sostenibilidad medioambiental
Sin embargo, en Galicia, la conselleira del Mar de la Xunta, Rosa Quintana, que ha representado a las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, ha valorado el resultado de las negociaciones como «netamente satisfactorio en líneas generales, sobre todo por las duras propuestas iniciales de la Comisión».
Javier Garat, secretario de la Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha calificado la negociación en Bruselas como una de las más duras de los últimos años por las posturas inamovibles de la Comisión Europea. «Estaba obsesionada solo por conseguir una actividad pesquera guiada por el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) en 2018”, afirma. Para Javier Garat, el sector pesquero español, con el apoyo de Portugal y Francia, ha obtenido cierta estabilidad, «tal como se solicitaba antes de que comenzaran las negociaciones».
Sin embargo, denuncia la posición cada vez más radical del comisario europeo de pesca Karmenu Vella de tener en cuenta únicamente los criterios de sostenibilidad medioambiental y de despreciar los sociales y económicos; esto supone, según la patronal Cepesca, un problema para el sector pesquero europeo.
Alberto López Asenjo, secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado la estabilidad de las cuotas de pesca. Así, las posibilidades de pesca del conjunto de España en 2018 comparadas con las de 2017 tienen un saldo negativo de «unas 80 toneladas»; pero si se analiza su valor económico, prácticamente se quedan estables. Eso constituye, a su juicio, un logro dadas las ansias de la Comisión por ajustar todas las poblaciones de peces al Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) a toda costa, sin atender a criterios sociales y económicos.