Con la marea
El "kunlun" pesca merluza en aguas de la Antártida.
INTERPOL

Oceana recurre la sentencia a favor de Vidal Armadores

El Tribunal Supremo ha aceptado esta semana admitir a trámite el recurso de Oceana y Greenpeace en el que piden la nulidad de su fallo a favor de Vidal Armadores. Se trata de una estrategia legal que no siempre se admite a trámite…

El Tribunal Supremo ha aceptado esta semana admitir a trámite el recurso de Oceana y Greenpeace en el que piden la nulidad de su fallo a favor de Vidal Armadores. Se trata de una estrategia legal que no siempre se admite a trámite y rara vez prospera.

El Supremo decidió en diciembre archivar el caso contra Vidal Armadores, procesados por la Audiencia Nacional por una década de pesca pirata de la lucrativa merluza austral en aguas de la Antártida. Vidal Armadores, la compañía y las personas detrás de la empresa, estaban siendo investigadas por delito medioambiental, blanqueo de capitales, falsedad documental y crimen organizado.

Tanto la Interpol, que contó con una amplia colaboración internacional y aportó suficientes evidencias para el caso, como el Gobierno español, que había impuesto sanciones récord de 17 millones de euros al grupo empresarial, quedaron sorprendidos por el fallo del Tribunal.

La sentencia del Supremo alegaba falta de jurisdicción para juzgar un delito que lo es en territorio español, pero no en la Antártida, donde los barcos «Yongding», «Kunlun» y «Songhua» extraían merluza negra con artes de enmalle en aguas de la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos de la Antártida.

¿Acribillar a disparos a náufragos en alta mar, desde un barco sin pabellón, sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores sean españoles, residan en España y desembarquen en territorio español?

Uno de los magistrados del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, en un duro voto particular, discrepó en cuanto a la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para juzgar los delitos. Del Moral consideró que los argumentos de la defensa de la familia Vidal , es decir, debe darse una doble incriminación y que los ilícitos penales imputados a los armadores lo fuesen también allí donde se cometen, no pueden «convertir los espacios terrestres, marinos o espaciales en ciudades sin ley».

Antonio del Moral razonaba: «Pienso en embarcaciones sin pabellón (y, por tanto, no sujetas en principio a soberanía de ningún Estado cuando están en alta mar), o en las que llevan varios pabellones o un pabellón de conveniencia, sin vínculos reales con el país […] Pues bien, eso supondría que actos como acribillar a disparos desde un barco en alta mar a náufragos que luchan por no ahogarse (un supuesto que no es fruto de la imaginación, como enseñan unas terribles imágenes filmadas que circulan por la red), desde un barco sin pabellón, sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores sean españoles, residan en España y desembarquen en territorio español».

«No podíamos creernos el fallo del Tribunal Supremo; nos negábamos a aceptar que España decidiera permitir el delito en alta mar. No podíamos creer que los tribunales decidieran echar por tierra la labor pionera del Gobierno en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Permitir estas operaciones es una vergüenza para España y un escándalo internacional», ha afirmado Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana en Europa.